¿Elecciones libres?

Mas allá de los conocidos sistemas para alterar los resultados electorales en beneficio de un partido, generalmente el que detenta el poder, existen otros métodos más difíciles de controlar por los cuales se violenta la libertad del electorado. Podríamos definirlos como fraudes preelectorales, porque las maniobras no se producen durante los comicios sino antes, durante la campaña electoral. Herederos de la ya legendaria “zapatilla” de Vicente Leónides Saadi en Catamarca, estos métodos buscan, mediante la dádiva y la amenaza, astutamente combinadas, conseguir que estratos necesitados de la población cuyo número es significativo en determinados distritos, se vuelquen decididamente hacia el partido de gobierno (local o nacional, o ambos, según los casos).
Para lograr esto, la agrupación política de turno cuenta con los recursos del Estado en forma de subsidios, planes sociales, obras públicas y vales de alimentos que, no por casualidad, aparecen como hongos después de la lluvia unos meses antes de las elecciones. Tanto que si éstas fueran más frecuentes, dichos pobladores tendrían solucionada una buena parte de su problema de escasez. Pero también existen otras maniobras para “comprar” la voluntad de ciertos votantes; un ejemplo es la promesa de trámite inmediato de DNI a personas que no lo poseen o que tienen problemas de identificación, y hasta muchas veces falta de recursos para tramitarlo normalmente. ¿Cómo obtener esta ventaja fuera del período electoral sin la contrapartida del voto? Ni pensarlo. El reparto interesado de electrodomésticos, materiales de construcción, puestos precarios de trabajo y asfalto improvisado está a la orden del día en las zonás más empobrecidas del segundo cordón del Gran Buenos Aires. Todo a cambio del voto, porque ante la mínima intención de apartarse del “contrato”, los así supuestos beneficios serán inmediatamente retirados.
¿Se puede hablar de libertad de elección en semejante contexto?
Por supuesto, esta situación se da solamente en determinadas zonas, castigadas desde hace mucho tiempo por la necesidad y el abandono, salvo en tiempos electorales. Pero es justamente en dichas zonas donde la cantidad de votantes entusiasma al poder de turno para llevar a cabo las maniobras ya comentadas. Y se impone la necesidad de veedores externos para efectuar un control efectivo del acto en sí, porque subsisten también los viejos artilugios tales como la sustracción de boletas y el llamado “voto cadena”. Y hay versiones sobre la posibilidad de que aparezcan boletas no oficiales, conteniendo errores, que causarán la impugnación del voto respectivo. Me permito sugerir desde este espacio que en la medida de lo posible, aquel elector que no tenga compromiso alguno con el aparato clientelar, se ponga en contacto con las autoridades del partido que desee votar para obtener su boleta oficial y concurrir con ella al cuarto oscuro, para eludir de este modo lo que mucha gente sufrió en muchos distritos en la elección pasada, la falta de boletas.
Conseguir una elección más transparente es también un compromiso de todos.

Seguimos equivocando el camino

La inoperancia de la autoridad administrativa para combatir el delito y sus fuentes es harto conocida. Pero también es conocida la tendencia de la población a descargar su ira allí donde más perjudicial es para su propio interés. El asesinato de Daniel Capristo en Valentín Alsina generó un repudio generalizado, como no podía ser de otro modo, pero también reacciones violentas contra el poder público que, lejos de ayudar a clarificar el hecho e impartir justicia, estorbaron la investigación al punto de perder importantes pruebas y dejaron heridas a un fiscal y daños a vehículos policiales. Aquella ira puede comprenderse después de muchas frustraciones en materia de seguridad ciudadana y no sólo en esto, pero siempre es preferible un sistema imperfecto (es decir, perfectible) y no el antisistema o el caos total.
Como ya ha sucedido en casos similares, ahora desde el Poder Ejecutivo (el real y el ficticio, vale la aclaración) se buscan culpables que nunca incluyen su propia esfera de influencia y se envían o impulsan proyectos de ley muchas veces imperfectos o viciados por el apuro y la necesidad de triunfos políticos. Ya hace tiempo debió tratarse el tema del régimen penal de la minoridad, sin necesidad de que algún hecho delictivo resonante le dé impulso. Ahora seguramente se va a hacer alguna reforma al estilo “Blumberg”, cuyo paquete de leyes o reformas a las leyes penales entoces vigentes no sirvió más que para alterar la economía del Código Penal, llegando muchas veces a resultados absurdos.
¿Se logró disminuir el delito con tales reformas? Ni por asomo. Porque como he explicado en alguna nota anterior, el poder administra “para la tribuna” buscando resultados inmediatos, sobre todo electorales, y no en pos de la seguridad ciudadana y el mantenimiento de las instituciones. Basta ver los comentarios de la gente al pie de los artículos periodísticos que reflejan el tema. La mayoría de ellos dejan ver un escaso apego por la división de poderes, el estilo democrático de vida y…¡horror! el derecho penal liberal que heredamos de nuestros próceres desde la misma Constitución Nacional.
¿Cómo proceder entonces? En primer lugar, emprender una política criminal correcta para disminuir el delito, sacando definitivamente de circulación las armas ilegales y juzgando a los responsables de su tenencia o portación. El chico que mató a Capristo no compró en ninguna armería la pistola semiautomática que portaba, y que seguramente de no haber sido incautada por la autoridad policial, hubiera servido para cometer otros hechos tan repudiables como el crimen que se le imputa. En segundo lugar, instruir a la población sobre las medidas de seguridad a adoptar, y cómo debe colaborar para llegar a un buen resultado. Lamentablemente, muchos años de desidia, corrupción y mal funcionamiento de la administración hicieron que la gente deje de creer en la Justicia, en sus auxiliares o en las fuerzas de seguridad, para inclinarse por soluciones autoritarias donde no hay más ley que la voluntad de cada uno según su interés particular. Esto es lo que hay que corregir si pretendemos seguir viviendo en libertad y con las instituciones democráticas y liberales funcionando a pleno.