Seguimos equivocando el camino

La inoperancia de la autoridad administrativa para combatir el delito y sus fuentes es harto conocida. Pero también es conocida la tendencia de la población a descargar su ira allí donde más perjudicial es para su propio interés. El asesinato de Daniel Capristo en Valentín Alsina generó un repudio generalizado, como no podía ser de otro modo, pero también reacciones violentas contra el poder público que, lejos de ayudar a clarificar el hecho e impartir justicia, estorbaron la investigación al punto de perder importantes pruebas y dejaron heridas a un fiscal y daños a vehículos policiales. Aquella ira puede comprenderse después de muchas frustraciones en materia de seguridad ciudadana y no sólo en esto, pero siempre es preferible un sistema imperfecto (es decir, perfectible) y no el antisistema o el caos total.
Como ya ha sucedido en casos similares, ahora desde el Poder Ejecutivo (el real y el ficticio, vale la aclaración) se buscan culpables que nunca incluyen su propia esfera de influencia y se envían o impulsan proyectos de ley muchas veces imperfectos o viciados por el apuro y la necesidad de triunfos políticos. Ya hace tiempo debió tratarse el tema del régimen penal de la minoridad, sin necesidad de que algún hecho delictivo resonante le dé impulso. Ahora seguramente se va a hacer alguna reforma al estilo “Blumberg”, cuyo paquete de leyes o reformas a las leyes penales entoces vigentes no sirvió más que para alterar la economía del Código Penal, llegando muchas veces a resultados absurdos.
¿Se logró disminuir el delito con tales reformas? Ni por asomo. Porque como he explicado en alguna nota anterior, el poder administra “para la tribuna” buscando resultados inmediatos, sobre todo electorales, y no en pos de la seguridad ciudadana y el mantenimiento de las instituciones. Basta ver los comentarios de la gente al pie de los artículos periodísticos que reflejan el tema. La mayoría de ellos dejan ver un escaso apego por la división de poderes, el estilo democrático de vida y…¡horror! el derecho penal liberal que heredamos de nuestros próceres desde la misma Constitución Nacional.
¿Cómo proceder entonces? En primer lugar, emprender una política criminal correcta para disminuir el delito, sacando definitivamente de circulación las armas ilegales y juzgando a los responsables de su tenencia o portación. El chico que mató a Capristo no compró en ninguna armería la pistola semiautomática que portaba, y que seguramente de no haber sido incautada por la autoridad policial, hubiera servido para cometer otros hechos tan repudiables como el crimen que se le imputa. En segundo lugar, instruir a la población sobre las medidas de seguridad a adoptar, y cómo debe colaborar para llegar a un buen resultado. Lamentablemente, muchos años de desidia, corrupción y mal funcionamiento de la administración hicieron que la gente deje de creer en la Justicia, en sus auxiliares o en las fuerzas de seguridad, para inclinarse por soluciones autoritarias donde no hay más ley que la voluntad de cada uno según su interés particular. Esto es lo que hay que corregir si pretendemos seguir viviendo en libertad y con las instituciones democráticas y liberales funcionando a pleno.

¿Qué hacemos con los menores?

La reiteración de hechos de violencia protagonizados por menores de edad preocupa a la población desde hace tiempo y la ira popular estalló luego del bárbaro asesinato de un hombre en Valentín Alsina a manos de un chico de 14 años, quien intentó sustraerle el automóvil y terminó disparándole todos los proyectiles que contenía el arma que portaba, una pistola calibre 9 milímetros. Por supuesto, luego del hecho volvió la discusión acerca de la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad. En este punto estoy de acuerdo, el “modelo tutelar” que consagra la anacrónica ley 22.278 está perimido y además ya fue declarado inconstitucional por un tribunal de la provincia de Mendoza.
No hay en la actualidad razones valederas para establecer la inimputabilidad a priori de los menores que hayan cumplido 14 años; si al momento del hecho que se le imputa no pudo comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, es algo que debe ser probado en proceso penal con todas las garantías, así como sucede con cualquier hijo de vecino mayor de edad. Lo que se necesita es una nueva ley que establezca no sólo un quántum especial para las penas (podría aplicarse una fórmula general, sin caer en la sobreabundancia legislativa con un “código de menores”) en concordancia con la ley 26.061 que incorpora a nuestro derecho la Convención Sobre los Derechos del Niño, y también que establezca pautas para la implementación de medidas de seguridad adecuadas a la misma legislación (los menores en ningún caso pueden recibir penas de encierro en los mismos establecimientos que los mayores). Desde este blog me permito proponer que, al mismo tiempo, se vuelva al viejo sistema del Código Penal incorporando un inciso en el art.34 que determine la inimputabilidad de los menores que no hayan cumplido los 14 años, cosa que puede hacerse en la misma ley que establezca el régimen nuevo para el resto de los menores.
Pero esto es sólo una parte del problema. La gente se queja por la inseguridad, o empleando un concepto más preciso, por la reiteración de delitos violentos contra las personas. Y reclaman penas más severas, incluyendo la de muerte, que no puede ser reimplantada en nuestra legislación. Vieja costumbre argentina ésta de poner el carro delante de los caballos. Que esto lo diga la gente común, que no tiene formación técnica en la materia y nadie se preocupa por explicar bien de qué se trata, me parece lógico. Pero que lo hagan ciertos funcionarios, que deberían exhibir cierta idoneidad para proponer e instrumentar soluciones adecuadas a la gravedad del asunto, me parece repudiable.
No se puede combatir el delito blandiendo el Código Penal. El que delinque debe ser juzgado en el menor tiempo posible y condenado acorde al hecho que le sea imputable y por el cual tenga culpabilidad. Pero mientras alguien (menor o no) que mató a mi vecino vaya a prisión, puede venir otro (menor o no) y me mate a mí. Y así otro, y otro.
¿No es hora de que alguien se dé cuenta que es la prevención primaria la que debe aplicarse para enfrentar el problema? Ni los chicos ni los grandes cometen los delitos usando cortaplumas o bates de béisbol. Todos usan armas de fuego, en algunos casos más letales aún que las que usan las fuerzas de seguridad. Entonces, si todos (o muchos, no quiero generalizar) saben dónde están esas armas, dónde se ocultan, dónde están los lugares “pesados” que son verdaderos arsenales clandestinos…¿Por qué no se da la orden de allanarlos para secuestrar las armas de fuego en poder de quienes no tienen ningún tipo de autorización para poseerlas, portarlas y menos usarlas? En este artículo de prensa (click aquí para verlo) se puede apreciar la efectividad que suelen tener este tipo de operativos. Allí dice que se secuestraron “gran cantidad de armas”. Claro, si éstas después no regresan al mercado negro por obra de algún “distraído”, se habrán evitado una enorme cantidad de hechos delictivos. Porque para cazar patos no tienen esas armas…¿A Ud.qué le parece?
Pero claro…los funcionarios trabajan “para la tribuna” discutiendo cómo aplicar penas más graves sin tener en cuenta que lo que hay que hacer es evitar más muertes, no pensar en combatir la inseguridad sobre los cadáveres de más víctimas. Así sólo se consigue agravar el problema.