Derechos humanos (II)

El derecho, entendido como suma de las normas jurídicas que rigen en determinado territorio, se encuentra en todas partes. También los derechos humanos, parte fundamental de los derechos subjetivos, entendidos a su vez éstos como la facultad que tienen las personas de hacer o no hacer algo, o de impulsar o impedir que otros lo hagan. Pero no siempre se nota debidamente. Con frecuencia escuchamos en diversos ámbitos (nunca académicos, por cierto) que “los derechos humanos son sólo para los delincuentes” o ¿Dónde están los derechos humanos de mi pariente asesinado? He expresado con anterioridad que las situaciones de crisis (como la que vive el país actualmente) provocan todo tipo de efectos indeseables en la población, y uno de ellos es la sensación de que el estado de derecho no aporta soluciones a las necesidades inmediatas de aquélla. Y en la primera afirmación hay, además de un error conceptual, una sensación de invulnerabilidad frente a la acción del Estado que no es real. Veremos inmediatamente por qué.
Los derechos humanos son para todo el mundo, sin importar sus cualidades ni su comportamiento, aunque a algunos les resulte repugnante. Pero muchos asocian el concepto de “derechos humanos” en general con las garantías procesales, que no son la misma cosa. Hoy por hoy, nadie debería dudar que el derecho de propiedad y el de salir del país son derechos humanos esenciales. Sin embargo, el desconocimiento y el mal manejo de la información que muchas veces tiene lugar en los medios masivos de comunicación, alteran esa percepción. Cualquier víctima de un delito de hurto o robo tiene el derecho de propiedad sobre la cosa sustraída que el delincuente violó. Por esa violación del derecho ajeno recibirá una condena si se prueba en juicio su culpabilidad. Podemos extender el ejemplo a una situación de homicidio o lesiones graves. ¿Dónde está la ausencia de los “derechos humanos que aducen algunos? Si esto fuera así, no se podría perseguir y sancionar a los que violan esos derechos de propiedad, a la vida o a la integridad personal de los ejemplos. El Estado actúa en defensa de esos derechos individuales, al menos en un Estado liberal y democrático, donde prevalece el interés individual por sobre el colectivo. Pero dicho Estado tiene todo el poder; el de policía, el de controlar y el de sancionar. Tiene el monopolio absoluto de la fuerza, frente a la cual los ciudadanos se encuentran en inferioridad de condiciones. Por ello la protección especial de la ley (la ley penal, en este caso) frente a la omnipotencia del Estado. Pero esa ley penal no puede evitar por sí sola, aunque tenga cierta capacidad de disuasión, la comisión de delitos. Se necesita prevenir, ya sea mediante la vigilancia o la eliminación de factores o vehículos sin los cuales ciertos delitos no podrían tener lugar (ej.: armas de fuego) y esencialmente, educar. El ciudadano tiene derecho a reclamar que se haga justicia, una de las funciones esenciales del Estado. Pero esa justicia debe ser encuadrada dentro del respeto a la ley y al modo de vida democrático. Justicia no es venganza como creen algunos. Es dar a cada uno lo que le pertenece conforme a derecho. En el caso de la justicia criminal, las penas deben ser razonables y proporcionales a la gravedad del injusto cometido. Han pasado muchos siglos de aberraciones entre la venganza libre y el talión a nuestra forma de convivencia. Hagamos un esfuerzo permanente para no retroceder. Reclamar justicia es también reclamar su prontitud. Una condena luego de años de proceso pierde gran parte de su efectividad. Y conviene recordar el Art.11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”
¿Se entiende por qué una justicia exageradamente lenta no cumple la función para la cual es consagrada? Volveré sobre este punto en siguientes entradas.

Seguimos equivocando el camino

La inoperancia de la autoridad administrativa para combatir el delito y sus fuentes es harto conocida. Pero también es conocida la tendencia de la población a descargar su ira allí donde más perjudicial es para su propio interés. El asesinato de Daniel Capristo en Valentín Alsina generó un repudio generalizado, como no podía ser de otro modo, pero también reacciones violentas contra el poder público que, lejos de ayudar a clarificar el hecho e impartir justicia, estorbaron la investigación al punto de perder importantes pruebas y dejaron heridas a un fiscal y daños a vehículos policiales. Aquella ira puede comprenderse después de muchas frustraciones en materia de seguridad ciudadana y no sólo en esto, pero siempre es preferible un sistema imperfecto (es decir, perfectible) y no el antisistema o el caos total.
Como ya ha sucedido en casos similares, ahora desde el Poder Ejecutivo (el real y el ficticio, vale la aclaración) se buscan culpables que nunca incluyen su propia esfera de influencia y se envían o impulsan proyectos de ley muchas veces imperfectos o viciados por el apuro y la necesidad de triunfos políticos. Ya hace tiempo debió tratarse el tema del régimen penal de la minoridad, sin necesidad de que algún hecho delictivo resonante le dé impulso. Ahora seguramente se va a hacer alguna reforma al estilo “Blumberg”, cuyo paquete de leyes o reformas a las leyes penales entoces vigentes no sirvió más que para alterar la economía del Código Penal, llegando muchas veces a resultados absurdos.
¿Se logró disminuir el delito con tales reformas? Ni por asomo. Porque como he explicado en alguna nota anterior, el poder administra “para la tribuna” buscando resultados inmediatos, sobre todo electorales, y no en pos de la seguridad ciudadana y el mantenimiento de las instituciones. Basta ver los comentarios de la gente al pie de los artículos periodísticos que reflejan el tema. La mayoría de ellos dejan ver un escaso apego por la división de poderes, el estilo democrático de vida y…¡horror! el derecho penal liberal que heredamos de nuestros próceres desde la misma Constitución Nacional.
¿Cómo proceder entonces? En primer lugar, emprender una política criminal correcta para disminuir el delito, sacando definitivamente de circulación las armas ilegales y juzgando a los responsables de su tenencia o portación. El chico que mató a Capristo no compró en ninguna armería la pistola semiautomática que portaba, y que seguramente de no haber sido incautada por la autoridad policial, hubiera servido para cometer otros hechos tan repudiables como el crimen que se le imputa. En segundo lugar, instruir a la población sobre las medidas de seguridad a adoptar, y cómo debe colaborar para llegar a un buen resultado. Lamentablemente, muchos años de desidia, corrupción y mal funcionamiento de la administración hicieron que la gente deje de creer en la Justicia, en sus auxiliares o en las fuerzas de seguridad, para inclinarse por soluciones autoritarias donde no hay más ley que la voluntad de cada uno según su interés particular. Esto es lo que hay que corregir si pretendemos seguir viviendo en libertad y con las instituciones democráticas y liberales funcionando a pleno.