Lo que faltaba: el “voto garrafa”

El clientelismo político es algo ancestral y folclórico en Argentina. Ya me he ocupado del tema en alguna entrada anterior. Pero el ingenio de algunos siempre está listo para superar todas las previsiones. Ahora llegó una adaptación posmoderna de las zapatillas del caudillo catamarqueño Vicente Saadi: la garrafa electoral. Esto sucedió en Rosario. ¿Cómo era el sistema? Muy simple. A través de unidades básicas u otros medios de entrega, la gente recibía unos bonos con la inscripción “Carlos Reutemann – Roxana Latorre. Senadores nacionales. Santa Fe Federal. Lista 501”. Los bonos estaban celosamente numerados y tenían espacios para completar con los datos personales de los eventuales “beneficiarios”, y eran canjeables hasta el 11 de julio por la carga de una garrafa de gas de 10 kilos, siempre y cuando se den ocho pesos en efectivo para completar, porque tampoco es cuestión de dar todo gratis en tiempos de crisis, ¿no le parece?
Testimonios de gente que recibió el bono han dado a entender que el beneficio tenía lugar solamente en caso de que los candidatos mencionados en el bono resultaran electos.
Lo insólto de este caso es que sucedió en un contexto de gobierno opositor, como es la ciudad de Rosario. No quiero imaginarme cómo es la cosa en ciertos lugares del interior de la misma provincia, donde los controles son mínimos, si es que hay alguno.
Veremos qué sorpresas nos traen las próximas elecciones.

Prueba superada

Y pasaron las elecciones. Por fortuna, y gracias al esfuerzo personal de mucha gente, podemos decir que los comicios han sido un éxito. Más allá de los resultados, y de pequeñas irregularidades que ya son parte del folklore (demoras en apertura de las mesas por falta de autoridades, falta de boletas, algún desubicado), no hubo nada importante que lamentar desde el punto de vista estrictamente técnico. En otro orden de cosas, sí debemos lamentar el fallecimiento de varias personas de edad avanzada mientras esperaban su turno para votar. Si bien un ciudadano que ha cumplido 70 años no tiene obligación legal de sufragar, muchos concurren con el mismo entusiasmo de las personas más jóvenes a cumplir con su deber cívico. Lamentablemente, la insólita decisión del gobierno nacional de adelantar la fecha de los comicios pudo haber tenido que ver en el tema, ya que no es lo mismo ir a votar en primavera que en invierno, y menos en medio de una epidemia de gripe particularmente virulenta.
Como última reflexión, cabe destacar que se ha registrado el mayor porcentaje de ausentismo desde el retorno de la democracia en 1983. Solamente concurrió a votar el 71,5% del padrón, y en esto pudo haber influido la gripe antes mencionada, dado que muchos establecimientos no tienen espacio adecuado para evitar riesgosas aglomeraciones ni tampoco la gente toma todas las medidas de precaución necesarias en estos casos, lo que pudo haber ahuyentado a muchos votantes. Como contrapartida, se redujo el porcentaje de votos en blanco, registrándose sólo el 3,1% del total.

¿Y esto?

Cuando aún están frescas las noticias (las pocas que se filtran) sobre la revuelta popular en Irán a causa de los sospechosos resultados de los últimos comicios presidenciales, el clima electoral en Argentina empieza a ponerse un poco espeso. Siempre habrá dudas, sobre todo cuando el gobierno plantea esto como “la madre de todas las batallas” contra un enemigo que parece ser su propio pueblo. Pues bien, ahora nos enteramos que el recuento de votos se trasladará desde el tradicional Palacio de Correos hacia un viejo y precario edificio situado en el barrio de Barracas, cuyas instalaciones distan de ser las ideales para llevar a cabo semejante tarea. De hecho, los fiscales de los partidos políticos no contarán con acceso a Internet, no tendrán tampoco impresoras donde registrar datos que les resulten llamativos, y habrá muy pocas computadoras a su disposición para efectuar el seguimiento del conteo.
Parece mentira que en la época del voto electrónico y de los sistemas más avanzados para evitar aglomeraciones y dificultades en la emisión del voto, se recurra a esta regresión.
La entrada de los votos al sistema no estará a la vista de los fiscales. Al menos a la vista directa, porque la Dirección Nacional Electoral prometió instalar cámaras web para registrar en tiempo real lo que allí suceda. Aunque se logre este objetivo, se sabe que una de estas cámaras no tiene la capacidad suficiente para mostrar todo lo que debería, teniendo en cuenta la amplitud del salón donde esta tarea será llevada a cabo.
Teniendo en cuenta que en este lugar serán computados los votos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, donde juntos suman casi la cuarta parte del electorado nacional, el tema adquiere especial importancia. Sobre todo si consideramos que serán agregadas 3.600 nuevas mesas a causa de la reducción del máximo de electores por cada una.
¿Alcanzarán los voluntarios para fiscalizar todo esto? Me permito ponerlo en duda. Y ni siquiera me atrevo a asegurar que alcancen los establecimientos destinados al acto electoral. Pero lo peor que se puede hacer es considerar que habrá fraude y por consiguiente votar en blanco o anular el voto, o no concurrir. Es la peor solución posible.
Solamente cumpliendo con el deber civico de ir a votar y controlando de cerca cualquier posible desvío será como vamos a crecer democráticamente.

Sin remedio

Faltan menos de dos semanas para las elecciones legislativas y nos enteramos que han sido devueltos nada menos que un 38,5% de los telegramas enviados para notificar a las futuras autoridades de mesa. Y que a su vez, un tercio de estas notificaciones fallidas lo fueron por motivos tales como “dirección inexistente, insuficiente, o se mudó”. Por suerte, los telegramas rechazados no fueron tantos como los que correspondieron a la elección de 2007, pero de todos modos es preocupante. La misma entidad que tiene a su cargo el escrutinio (Correo Argentino) no parece muy diligente a la hora de intentar que las notificaciones lleguen correctamente a destino. Los rechazos no se pueden evitar, pero sí se pueden tomar ciertas medidas adicionales para lograr el objetivo planteado (seguimiento, avisos de visita, chequeos cruzados con otros datos). No es lógico hablar de “domicilio inexistente” cuando los datos surgen de los padrones electorales o de las guías telefónicas. Ahora se han cursado muchos miles de notificaciones más para conseguir reemplazos. ¿Se repetirá la historia? Esperemos que no. Y que todo esto no termine en una inútil polémica entre las autoridades del Correo y la Junta Electoral. Por otra parte, hay muchos testimonios sobre rechazo de voluntarios por motivos incomprensibles. Si se convoca a la población a colaborar, lo menos que se puede hacer es aceptarla a menos que intervengan poderosas razones que impidan que esa persona pueda desarrollar normalmente su tarea.
Como si todo esto fuera poco, ahora apareció también el temor a la gripe porcina. Y no habrá pocos que rechacen la convocatoria argumentando que el hecho de permanecer tantas horas en un lugar poco ventilado y con tanta gente les incrementará notablemente el riesgo de contagio. Parece muy atendible teniendo en cuenta que muchos aducen no poder concurrir porque “tienen un asado” o “un cumpleaños” sin que se les mueva un pelo de culpa...
Es una vieja costumbre argentina esto de esperar que las cosas caigan del cielo. Ni la democracia ni su conservación nos llegarán por esa vía. Se necesita una cuota de esfuerzo individual en beneficio de todos. Reflexionemos y cumplamos con nuestras obligaciones cívicas.

Patético

Con este blog me he propuesto defender las instituciones republicanas y el estado de derecho, contra todo intento de alterar el espíritu de los mismos. Pues bien, algunos podrían pensar que una crítica sobre la actividad presidencial apunta en sentido contrario. Pero no. Es absolutamente coherente con los fines que me he propuesto. Porque una cosa es defender la institución presidencial como parte de la distribución del poder que nos fija la Constitución Nacional, y otra muy distinta es defender la gestión de una presidente que ha dado sobradas muestras de incapacidad para ejercer el cargo que ostenta. Los ejemplos que dan sustento a esta afirmación sobreabundan, y no es cuestión aquí de hacer una compilación de un año y medio de barbaridades. Antes de que algún trasnochado me acuse de “golpista” o “destituyente” debo aclarar que la única posibilidad de que la actual mandataria cese en su cargo antes de cumplirse el período para el cual fue elegida, es a través del medio institucional, es decir, el juicio político.
Prefiero creer que la presidente no miente, sino que simplemente se equivoca, y se equivoca muy a menudo, por cierto. El discurso que pronunció en Río Gallegos el pasado 1° de junio quedará en la antología del disparate. Aquello de “ahora, van a ser buenitos…van a parar un poco con los bombitos…” pareció anticipar lo que iba a llegar más tarde (ver esa escena en los primeros minutos haciendo click acá).
Alrededor del minuto 6 del mismo video citado, la presidente aclama, sin que se le mueva un pelo, que han logrado “el crecimiento económico más importante de nuestros 200 años de historia”. ¿Ud.está de acuerdo, señora?
Pero al paroxismo se llega con esta otra parte del discurso, donde la presidente, a causa de esa costumbre de citar datos y cifras sin leerlas, parte además de su incurable arrogancia, da los datos de la recaudación del mes de mayo errando la cantidad (ver este otro video haciendo clic acá, en el minuto 2:30 aproximadamente) y un poco más tarde alguien le alcanza un papel advirtiéndole el error cometido y en lugar de corregirlo, reafirma lo que dijo echándole la culpa a “los que no escucharon bien” (todo un símbolo de su forma de gobernar) blandiendo su dedo índice como si de una espada contra el mal se tratara (ver dicha escena a partir del minuto 6 del último video citado).
Estimado lector, Ud.podrá sacar sus propias conclusiones.

¿Elecciones libres?

Mas allá de los conocidos sistemas para alterar los resultados electorales en beneficio de un partido, generalmente el que detenta el poder, existen otros métodos más difíciles de controlar por los cuales se violenta la libertad del electorado. Podríamos definirlos como fraudes preelectorales, porque las maniobras no se producen durante los comicios sino antes, durante la campaña electoral. Herederos de la ya legendaria “zapatilla” de Vicente Leónides Saadi en Catamarca, estos métodos buscan, mediante la dádiva y la amenaza, astutamente combinadas, conseguir que estratos necesitados de la población cuyo número es significativo en determinados distritos, se vuelquen decididamente hacia el partido de gobierno (local o nacional, o ambos, según los casos).
Para lograr esto, la agrupación política de turno cuenta con los recursos del Estado en forma de subsidios, planes sociales, obras públicas y vales de alimentos que, no por casualidad, aparecen como hongos después de la lluvia unos meses antes de las elecciones. Tanto que si éstas fueran más frecuentes, dichos pobladores tendrían solucionada una buena parte de su problema de escasez. Pero también existen otras maniobras para “comprar” la voluntad de ciertos votantes; un ejemplo es la promesa de trámite inmediato de DNI a personas que no lo poseen o que tienen problemas de identificación, y hasta muchas veces falta de recursos para tramitarlo normalmente. ¿Cómo obtener esta ventaja fuera del período electoral sin la contrapartida del voto? Ni pensarlo. El reparto interesado de electrodomésticos, materiales de construcción, puestos precarios de trabajo y asfalto improvisado está a la orden del día en las zonás más empobrecidas del segundo cordón del Gran Buenos Aires. Todo a cambio del voto, porque ante la mínima intención de apartarse del “contrato”, los así supuestos beneficios serán inmediatamente retirados.
¿Se puede hablar de libertad de elección en semejante contexto?
Por supuesto, esta situación se da solamente en determinadas zonas, castigadas desde hace mucho tiempo por la necesidad y el abandono, salvo en tiempos electorales. Pero es justamente en dichas zonas donde la cantidad de votantes entusiasma al poder de turno para llevar a cabo las maniobras ya comentadas. Y se impone la necesidad de veedores externos para efectuar un control efectivo del acto en sí, porque subsisten también los viejos artilugios tales como la sustracción de boletas y el llamado “voto cadena”. Y hay versiones sobre la posibilidad de que aparezcan boletas no oficiales, conteniendo errores, que causarán la impugnación del voto respectivo. Me permito sugerir desde este espacio que en la medida de lo posible, aquel elector que no tenga compromiso alguno con el aparato clientelar, se ponga en contacto con las autoridades del partido que desee votar para obtener su boleta oficial y concurrir con ella al cuarto oscuro, para eludir de este modo lo que mucha gente sufrió en muchos distritos en la elección pasada, la falta de boletas.
Conseguir una elección más transparente es también un compromiso de todos.

Decisión polémica (II)

En la entrada anterior había dado mi opinión acerca de la invalidez de la candidatura del Dr.Kirchner por la provincia de Buenos Aires. Ahora intentaré demostrar por qué las llamadas “candidaturas testimoniales” tampoco pueden aceptarse, pese a lo resuelto en primera instancia por el juez electoral Dr.Manuel Blanco. En efecto, en el caso del gobernador Scioli existe una incompatibilidad establecida en el art.73 de la Constitución (el 65 antes de la reforma de 1994) cuyo texto es interpretado literalmente por el Dr.Blanco en el sentido que los gobernadores de provincia no pueder ser al mismo tiempo legisladores, pero que ello no les impide presentarse como candidatos, porque la renuncia de un cargo local para ocupar uno federal es una antigua práctica aceptada en los procesos electorales argentinos. Pero es un error. Porque en primer lugar la intención del candidato puede ser ambigua como en el caso que nos ocupa; en segundo lugar, porque la intención del constituyente fue justamente impedir que un gobernador, que dispone de todo un “aparato” estatal para utilizar en su beneficio (léase subsidios, empleos, planes sociales; para más datos, ver esta nota del diario Perfil haciendo click acá), pueda alterar la voluntad popular, lesionando la libertad de elegir. Siempre que se interprete un texto legal ha de tenerse en cuenta la intención del legislador, y con más razón aún cuando se trata de un texto constitucional.
Alguna vez Víctor Enrique Firmenich, padre del jefe montonero, esgrimió el art.21 de la Constitución para justificar las actividades de su hijo, interpretando que “armarse en defensa de la patria y de esta Constitución” podía significar algo más que la obligación de enrolarse en las Fuerzas Armadas como conscripto, en el marco del servicio militar obligatorio. El ejemplo parece exagerado, pero lo cito para que el lector comprenda hasta dónde se puede llegar sin tener en cuenta la voluntad real del constituyente; uno de ellos, Juan Francisco Seguí (hijo) explicó en 1853 las razones del impedimento en el viejo art.65, y su razonamiento es recogido por parte de la doctrina para ejemplificar en otros supuestos (ver Ramella, Pablo, “Derecho Constitucional”, p.654-655).
Y en el caso del jefe de gabinete Sergio Massa y algunos intendentes municipales, cuya inclusión en las listas sólo busca atraer votos utilizándolos como figuras supuestamente atractivas para el electorado, habiendo manifestado los mismos que que su inclusión era “testimonial”, que no iban a asumir sus funciones pero que de esa manera manifestaban su adhesión al “proyecto”, estamos en presencia de una grosera alteración del principio de relación entre quienes aspiran a ser designados y quienes con su voto realizan la designación, y otra más grosera aún al principio de buena fe. ¿Qué clase de autenticidad tendría una elección donde se admitan semejantes candidaturas?
La autenticidad es un requisito constitucional a partir de la inclusión como texto complementario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo art.25 inc.b no me deja mentir al respecto.
Por supuesto que puede ocurrir que el candidato, por diversas razones y luego de la elección, no asuma el cargo para el cual fue elegido. Esto ha ocurrido y resulta en una especie de ruptura entre la expectativa del electorado y el resultado final. Pero no resulta admisible que a priori el candidato condicione a su antojo la aceptación del voto popular. En este sentido, las declaraciones del gobernador Scioli no tienen desperdicio: “Primero la campaña, después las elecciones y recién después veré dónde puedo ayudar más, dónde puedo hacer más cosas por la provincia. Cuando llegue el momento tomaré la decisión”.
Nada de esto es tenido en cuenta por el Dr.Blanco. Veremos qué opina la Cámara Nacional Electoral.

Decisión polémica

Como se sabe, el juez federal con competencia electoral Dr. Manuel Blanco resolvió rechazar las impugnaciones formuladas en contra de la candidaturas a diputado de Néstor Kirchner y las mal denominadas “candidaturas testimoniales” de otros protagonistas como Daniel Scioli y Sergio Massa. Intentaré comentar brevemente sus argumentos por no estar de acuerdo con la resolución.
En el caso del Dr.Kirchner, si bien es cierto que el período de residencia inmediata que exige la Constitución en su art.48 debe cumplirse al asumir su mandato (el texto constitucional dice “para ser” diputado, y no “para ser elegido” como en el caso de los senadores), el juez deja de lado el espíritu constitucional al eludir la teoría del arraigo. El párrafo “y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella” no existía en la Constitución de 1853 y fue agregado a propuesta de la Provincia de Buenos Aires por la Convención de Reformas reunida en Santa Fe el 23 de setiembre de 1860 con el objeto de que el ciudadano que represente al distrito que lo elija tenga un mínimo arraigo en el lugar, que su residencia sea real y no ficticia, es decir, más allá de que viva alli en forma permanente, que esté en contacto con y sea conocido por el pueblo y tenga allí sus negocios o actividad lucrativa o social. Nada de esto se cumple en el caso del Dr.Kirchner, que no tiene arraigo alguno en la provincia de Buenos Aires, sabiendo todos nosotros que sus negocios están en la Provincia de Santa Cruz, donde además fue gobernador e intendente de su ciudad capital. Su residencia precaria como “presidente consorte” (o algo más, como la realidad lo presenta) en la residencia presidencial de Olivos no llena el requisito por los motivos antes expuestos.Ya la Corte Suprema había empleado un criterio similar en otro caso: “La residencia no equivale al domicilio real ni al domicilio legal o electoral. El requisito de la residencia apunta a cierta conexión física relativa, y no permanente o efectiva, con el distrito electoral o con el territorio del país, según sea el caso. Tal fue el criterio adoptado por la minoría de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Acción Chaqueña” (965), al dejar sin efecto la sentencia que le impedía a José Ruiz Palacios ser candidato a gobernador provincial porque no había acreditado tener su domicilio en el Chaco durante los cinco años anteriores a los comicios. Si bien Ruiz Palacios, durante parte de ese lapso, había tenido su domicilio electoral en la Ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que su presencia en la provincia había sido frecuente. No sólo por haber sido el fundador del partido Acción Chaqueña con una anterioridad holgadamente superior a los cinco años, sino también por haber revestido el cargo de intendente de la capital provincial. La confirmación de la sentencia por la mayoría obedeció a que se trataba de una cuestión de derecho público provincial resuelta conforme a la apreciación realizada de los hechos y pruebas producidas, que no era de competencia del Alto Tribunal.” (Badeni, Gregorio, “Tratado de Derecho Constitucional", Tomo I, p.972)
El caso de las “candidaturas testimoniales” es algo más complejo. Me ocuparé de su análisis en una próxima entrada.

Cero en transparencia

Mucho se ha hablado acerca de los fondos invertidos en la campaña que culminó con la elección de Cristina Fernández como presidente. Que se trata de sumas importantes, lo sabemos todos. Algo menos sabemos sobre la proveniencia de estos fondos, pese a lo establecido en la ley de financiamiento de los partidos. Más allá del aporte extraordinario recibido del Estado, los partidos pueden financiar su campaña a través de aportes privados, cuyo volumen y características regula la ley antes mencionada.
Dado lo expuesto, resulta inexplicable que en el sitio oficial del Partido Justicialista se exhiba un “informe final de campaña electoral de ingresos y egresos” correspondiente a la elección nacional de octubre de 2007 con las cifras en blanco. Sí, todo en cero. ¿Cómo es posible? Si alguien tiene la explicación, lo invito a comentar este artículo a efectos de elaborar la aclaración que corresponda. Porque los enlaces que incluimos a continuación nos remiten a documentación escaneada, no parece ser obra de algún “hacker” travieso alterando cifras programadas en una simple página.
El art.58 de la ley 26.215 dice que “noventa días después de finalizada la elección, el presidente y tesorero del partido y los responsables económico-financiero y político de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la justicia federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral. Deberá indicarse también la fecha de apertura y cierre de la cuenta bancaria abierta para la campaña para el caso de las alianzas electorales. Debiendo poner a disposición la correspondiente documentación respaldatoria”.
¿Por qué entonces todos estos ceros? Quizás alguien tenga la respuesta.


Enlace 1
Enlace 2
Enlace 3
Enlace 4
Enlace 5
Enlace 6

Estimular la conciencia ciudadana

Aquella insensata consigna “que se vayan todos” popularizada en aquel triste 2001, parece haberse transformado en “que no vaya nadie”, referido a las elecciones. En efecto, las últimas elecciones generales celebradas en el país (2007) han exhibido una desidia mucho más que preocupante en la participación popular. Y no me estoy refiriendo al acto de votar, sino a la obligación de acudir a las mesas como autoridad convocada para posibilitar el desarrollo de los comicios. Argumentos de los más insólitos surgen de inmediato ante una convocatoria para justificar la no concurrencia. Ni siquiera la compensación económica, inexistente tiempo atrás, ha conseguido atraer a los ciudadanos para ejercer una función que de por sí debería generar cierto orgullo personal.
El actual gobierno, con su particular forma de administrar y entender al sistema democrático e institucional, ha fomentado un marcado rechazo en amplios sectores de la población. Y sin embargo, muchas personas siguen creyendo que no concurrir a votar o a cumplir con sus obligaciones cívicas puede resultarle beneficioso. Hemos luchado y sufrido bastante para recuperar el modo democrático de vida y hoy deberíamos aplicar un poco más de celo en su cuidado. Ni siquiera la convocatoria a voluntarios ha tenido un efecto positivo (su número es muy escaso hasta el momento). Por eso es que desde este espacio llamamos a los ciudadanos a cumplir con su obligación, aún dejando de lado algunos compromisos previos que no resulten imprescindibles. Y a los que no estén obligados por convocatoria, les pedimos que se presenten como voluntarios. La democracia los necesita.
Recomiendo ver este video publicado por el diario La Nación donde se trata el tema, y el Dr.Nicolás Deane (secretario de la Cámara Nacional Electoral) explica las medidas que se están tomando para lograr el normal desarrollo de los comicios.

Derechos humanos (II)

El derecho, entendido como suma de las normas jurídicas que rigen en determinado territorio, se encuentra en todas partes. También los derechos humanos, parte fundamental de los derechos subjetivos, entendidos a su vez éstos como la facultad que tienen las personas de hacer o no hacer algo, o de impulsar o impedir que otros lo hagan. Pero no siempre se nota debidamente. Con frecuencia escuchamos en diversos ámbitos (nunca académicos, por cierto) que “los derechos humanos son sólo para los delincuentes” o ¿Dónde están los derechos humanos de mi pariente asesinado? He expresado con anterioridad que las situaciones de crisis (como la que vive el país actualmente) provocan todo tipo de efectos indeseables en la población, y uno de ellos es la sensación de que el estado de derecho no aporta soluciones a las necesidades inmediatas de aquélla. Y en la primera afirmación hay, además de un error conceptual, una sensación de invulnerabilidad frente a la acción del Estado que no es real. Veremos inmediatamente por qué.
Los derechos humanos son para todo el mundo, sin importar sus cualidades ni su comportamiento, aunque a algunos les resulte repugnante. Pero muchos asocian el concepto de “derechos humanos” en general con las garantías procesales, que no son la misma cosa. Hoy por hoy, nadie debería dudar que el derecho de propiedad y el de salir del país son derechos humanos esenciales. Sin embargo, el desconocimiento y el mal manejo de la información que muchas veces tiene lugar en los medios masivos de comunicación, alteran esa percepción. Cualquier víctima de un delito de hurto o robo tiene el derecho de propiedad sobre la cosa sustraída que el delincuente violó. Por esa violación del derecho ajeno recibirá una condena si se prueba en juicio su culpabilidad. Podemos extender el ejemplo a una situación de homicidio o lesiones graves. ¿Dónde está la ausencia de los “derechos humanos que aducen algunos? Si esto fuera así, no se podría perseguir y sancionar a los que violan esos derechos de propiedad, a la vida o a la integridad personal de los ejemplos. El Estado actúa en defensa de esos derechos individuales, al menos en un Estado liberal y democrático, donde prevalece el interés individual por sobre el colectivo. Pero dicho Estado tiene todo el poder; el de policía, el de controlar y el de sancionar. Tiene el monopolio absoluto de la fuerza, frente a la cual los ciudadanos se encuentran en inferioridad de condiciones. Por ello la protección especial de la ley (la ley penal, en este caso) frente a la omnipotencia del Estado. Pero esa ley penal no puede evitar por sí sola, aunque tenga cierta capacidad de disuasión, la comisión de delitos. Se necesita prevenir, ya sea mediante la vigilancia o la eliminación de factores o vehículos sin los cuales ciertos delitos no podrían tener lugar (ej.: armas de fuego) y esencialmente, educar. El ciudadano tiene derecho a reclamar que se haga justicia, una de las funciones esenciales del Estado. Pero esa justicia debe ser encuadrada dentro del respeto a la ley y al modo de vida democrático. Justicia no es venganza como creen algunos. Es dar a cada uno lo que le pertenece conforme a derecho. En el caso de la justicia criminal, las penas deben ser razonables y proporcionales a la gravedad del injusto cometido. Han pasado muchos siglos de aberraciones entre la venganza libre y el talión a nuestra forma de convivencia. Hagamos un esfuerzo permanente para no retroceder. Reclamar justicia es también reclamar su prontitud. Una condena luego de años de proceso pierde gran parte de su efectividad. Y conviene recordar el Art.11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”
¿Se entiende por qué una justicia exageradamente lenta no cumple la función para la cual es consagrada? Volveré sobre este punto en siguientes entradas.

Derechos humanos (I)

Las situaciones de crisis provocan efectos indeseables en la población, y la predisponen a la búsqueda de soluciones supuestamente mágicas y de efectos inmediatos. El aumento del delito, su consecuente sensación de inseguridad y la falta de respuesta del Estado ante la amenaza promueven el desarrollo de ideas contrarias al respeto de las garantías constitucionales que tanto nos costó recuperar. Se habla de los “derechos humanos” como algo superfluo, que sería un argumento de la “izquierda” para evitar el juzgamiento de terroristas, que son una “estupidez” y otras barbaridades producto de la ignorancia y la mala fe. Pero…¿Qué son los derechos humanos en realidad? El concepto en sí es muy ambiguo, y tiene connotaciones especiales según sea el entorno donde se lo emplee. Pero básicamente se trata de aquellos derechos fundamentales, inherentes a todo ser humano por su condición de tal, generalmente consagrados en la ley fundamental de cada país, es decir, en su constitución. Algunos juristas prefieren hablar de “derechos personalísimos” en pos de evitar la ambigüedad de la expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) nos dice en su art.3 que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Con los dos primeros no existen dudas, quedando alguna en lo que se refiere a la “seguridad de la persona”. Esto es, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la inviolabilidad de su domicilio, a la protección contra la discriminación, a la propiedad, a la presunción de inocencia y muchos otros. Esta Declaración Universal sale a la luz en la ONU después de la Segunda Guerra y el auge de los regímenes totalitarios más repugnantes de que se tenga memoria, como un recordatorio de nuestra condición de seres civilizados luego de tanta barbarie, pero muchos de estos derechos y garantías ya estaban consagrados en nuestro ordenamiento interno a partir de la Constitución Nacional de 1853/60, y tiene como antecedentes inmediatos a otras dos declaraciones solemnes: la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 (piedra fundamental de la constitución de los Estados Unidos) y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, elaborada en Francia a partir de aquélla.
En resumen, la vigencia de los derechos humanos es el límite entre la civilización y la barbarie en nuestro tiempo. ¿Es consciente el ciudadano común sobre esto? Si bien no se puede generalizar, muchos desconocen su real significado y cuando alzan la voz en contra de su plena vigencia, en realidad no tienen mucha idea de lo que dicen. Se critica a los “jueces garantistas”, adjudicándole toda la culpa de la inseguridad y de la falta de justicia. ¿Qué es ser “garantista”? Las garantías están escritas en la Constitución Nacional. ¿Hay jueces dispuestos a apartarse de ella? Un juez “no garantista” sería uno que no respeta los derechos fundamentales consagrados en nuestra ley fundamental.
A menos que querramos vivir en un estado de sitio permanente, deberíamos comenzar por comprender nuestras leyes y reclamar a los poderes públicos que se tomen las medidas que corresponden para lograr más seguridad sin convertirnos en un estado policial militarizado. Este blog pretende ser una ayuda. Ni más ni menos que eso.

Seguimos equivocando el camino

La inoperancia de la autoridad administrativa para combatir el delito y sus fuentes es harto conocida. Pero también es conocida la tendencia de la población a descargar su ira allí donde más perjudicial es para su propio interés. El asesinato de Daniel Capristo en Valentín Alsina generó un repudio generalizado, como no podía ser de otro modo, pero también reacciones violentas contra el poder público que, lejos de ayudar a clarificar el hecho e impartir justicia, estorbaron la investigación al punto de perder importantes pruebas y dejaron heridas a un fiscal y daños a vehículos policiales. Aquella ira puede comprenderse después de muchas frustraciones en materia de seguridad ciudadana y no sólo en esto, pero siempre es preferible un sistema imperfecto (es decir, perfectible) y no el antisistema o el caos total.
Como ya ha sucedido en casos similares, ahora desde el Poder Ejecutivo (el real y el ficticio, vale la aclaración) se buscan culpables que nunca incluyen su propia esfera de influencia y se envían o impulsan proyectos de ley muchas veces imperfectos o viciados por el apuro y la necesidad de triunfos políticos. Ya hace tiempo debió tratarse el tema del régimen penal de la minoridad, sin necesidad de que algún hecho delictivo resonante le dé impulso. Ahora seguramente se va a hacer alguna reforma al estilo “Blumberg”, cuyo paquete de leyes o reformas a las leyes penales entoces vigentes no sirvió más que para alterar la economía del Código Penal, llegando muchas veces a resultados absurdos.
¿Se logró disminuir el delito con tales reformas? Ni por asomo. Porque como he explicado en alguna nota anterior, el poder administra “para la tribuna” buscando resultados inmediatos, sobre todo electorales, y no en pos de la seguridad ciudadana y el mantenimiento de las instituciones. Basta ver los comentarios de la gente al pie de los artículos periodísticos que reflejan el tema. La mayoría de ellos dejan ver un escaso apego por la división de poderes, el estilo democrático de vida y…¡horror! el derecho penal liberal que heredamos de nuestros próceres desde la misma Constitución Nacional.
¿Cómo proceder entonces? En primer lugar, emprender una política criminal correcta para disminuir el delito, sacando definitivamente de circulación las armas ilegales y juzgando a los responsables de su tenencia o portación. El chico que mató a Capristo no compró en ninguna armería la pistola semiautomática que portaba, y que seguramente de no haber sido incautada por la autoridad policial, hubiera servido para cometer otros hechos tan repudiables como el crimen que se le imputa. En segundo lugar, instruir a la población sobre las medidas de seguridad a adoptar, y cómo debe colaborar para llegar a un buen resultado. Lamentablemente, muchos años de desidia, corrupción y mal funcionamiento de la administración hicieron que la gente deje de creer en la Justicia, en sus auxiliares o en las fuerzas de seguridad, para inclinarse por soluciones autoritarias donde no hay más ley que la voluntad de cada uno según su interés particular. Esto es lo que hay que corregir si pretendemos seguir viviendo en libertad y con las instituciones democráticas y liberales funcionando a pleno.

¿Qué hacemos con los menores?

La reiteración de hechos de violencia protagonizados por menores de edad preocupa a la población desde hace tiempo y la ira popular estalló luego del bárbaro asesinato de un hombre en Valentín Alsina a manos de un chico de 14 años, quien intentó sustraerle el automóvil y terminó disparándole todos los proyectiles que contenía el arma que portaba, una pistola calibre 9 milímetros. Por supuesto, luego del hecho volvió la discusión acerca de la necesidad de reformar el régimen penal de la minoridad. En este punto estoy de acuerdo, el “modelo tutelar” que consagra la anacrónica ley 22.278 está perimido y además ya fue declarado inconstitucional por un tribunal de la provincia de Mendoza.
No hay en la actualidad razones valederas para establecer la inimputabilidad a priori de los menores que hayan cumplido 14 años; si al momento del hecho que se le imputa no pudo comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, es algo que debe ser probado en proceso penal con todas las garantías, así como sucede con cualquier hijo de vecino mayor de edad. Lo que se necesita es una nueva ley que establezca no sólo un quántum especial para las penas (podría aplicarse una fórmula general, sin caer en la sobreabundancia legislativa con un “código de menores”) en concordancia con la ley 26.061 que incorpora a nuestro derecho la Convención Sobre los Derechos del Niño, y también que establezca pautas para la implementación de medidas de seguridad adecuadas a la misma legislación (los menores en ningún caso pueden recibir penas de encierro en los mismos establecimientos que los mayores). Desde este blog me permito proponer que, al mismo tiempo, se vuelva al viejo sistema del Código Penal incorporando un inciso en el art.34 que determine la inimputabilidad de los menores que no hayan cumplido los 14 años, cosa que puede hacerse en la misma ley que establezca el régimen nuevo para el resto de los menores.
Pero esto es sólo una parte del problema. La gente se queja por la inseguridad, o empleando un concepto más preciso, por la reiteración de delitos violentos contra las personas. Y reclaman penas más severas, incluyendo la de muerte, que no puede ser reimplantada en nuestra legislación. Vieja costumbre argentina ésta de poner el carro delante de los caballos. Que esto lo diga la gente común, que no tiene formación técnica en la materia y nadie se preocupa por explicar bien de qué se trata, me parece lógico. Pero que lo hagan ciertos funcionarios, que deberían exhibir cierta idoneidad para proponer e instrumentar soluciones adecuadas a la gravedad del asunto, me parece repudiable.
No se puede combatir el delito blandiendo el Código Penal. El que delinque debe ser juzgado en el menor tiempo posible y condenado acorde al hecho que le sea imputable y por el cual tenga culpabilidad. Pero mientras alguien (menor o no) que mató a mi vecino vaya a prisión, puede venir otro (menor o no) y me mate a mí. Y así otro, y otro.
¿No es hora de que alguien se dé cuenta que es la prevención primaria la que debe aplicarse para enfrentar el problema? Ni los chicos ni los grandes cometen los delitos usando cortaplumas o bates de béisbol. Todos usan armas de fuego, en algunos casos más letales aún que las que usan las fuerzas de seguridad. Entonces, si todos (o muchos, no quiero generalizar) saben dónde están esas armas, dónde se ocultan, dónde están los lugares “pesados” que son verdaderos arsenales clandestinos…¿Por qué no se da la orden de allanarlos para secuestrar las armas de fuego en poder de quienes no tienen ningún tipo de autorización para poseerlas, portarlas y menos usarlas? En este artículo de prensa (click aquí para verlo) se puede apreciar la efectividad que suelen tener este tipo de operativos. Allí dice que se secuestraron “gran cantidad de armas”. Claro, si éstas después no regresan al mercado negro por obra de algún “distraído”, se habrán evitado una enorme cantidad de hechos delictivos. Porque para cazar patos no tienen esas armas…¿A Ud.qué le parece?
Pero claro…los funcionarios trabajan “para la tribuna” discutiendo cómo aplicar penas más graves sin tener en cuenta que lo que hay que hacer es evitar más muertes, no pensar en combatir la inseguridad sobre los cadáveres de más víctimas. Así sólo se consigue agravar el problema.

¿Sistema presidencialista o parlamentario?

En los últimos días el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni reflotó la discusión: ¿Debe Argentina insistir con el sistema presidencialista de gobierno o reformar la Constitución para pasar a un modelo parlamentario? Uno se tienta a pensar que sí, dados todos los inconvenientes que el exagerado presidencialismo ha traído aparejados en nuestro país. Pero la cuestión no es sencilla. Ambos sistemas tienen defectos y virtudes, y es preciso estudiar muy bien el problema para no defenestrar un sistema imperfecto con mucho arraigo en la sociedad y reemplazarlo con otro supuestamente mejor pero sin sustento ni experiencia regional (con excepción de Canadá, las Antillas y Guyana, en todo el continente americano está vigente el presidencialismo).

Veamos cuáles son, según las opiniones más corrientes, las ventajas de uno y otro. Se dice que el presidencialismo provee una clara separación de funciones entre el poder ejecutivo y el legislativo. Esto en teoría, porque resulta evidente que en nuestro país esta separación suele ser bastante borrosa y confusa. Otra, que en este modelo no hay vínculo entre el poder ejecutivo y el partido mayoritario en el Congreso; también aquí es fácil observar cómo esta regla no se presenta en la realidad, al punto que el actual gobierno ha dado a entender que le resultaría imposible gobernar sin tener una mayoría parlamentaria que satisfaga todos sus intereses de inmediato.

El modelo parlamentario, en cambio, promueve una mayor representación del conjunto social, dado que las decisiones se adoptan por consenso entre las diferentes facciones políticas representadas en el Congreso. Tiene una mayor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno gracias a la llamada “moción de censura”, procedimiento mediante el cual se puede sustituir al jefe de gobierno o primer ministro sin que esto genere un caos, como puede observarse en muchos países europeos.

Alberdi, pese a su visión eurocéntrica en otros aspectos, impulsó el modelo presidencialista tomándolo de la constitución de los Estados Unidos, tal como lo explica en las Bases. Y la reforma de 1994, atento a lo declarado en la ley 24.309 de necesidad de reforma, incluyó la “atenuación del sistema presidencialista”, incorporando al Jefe de Gabinete de Ministros, un funcionario nombrado por el presidente (en los regímenes parlamentarios el primer ministro, función equivalente, es nombrado por el Parlamento) pero con responsabilidad política ante el Congreso, que puede removerlo mediante un voto de censura. Este debe concurrir al recinto al menos una vez por mes para informar sobre la marcha del gobierno. ¿Alguien recuerda cuántas veces estuvo allí el actual Jefe de Gabinete? ¿Alguien imagina a este funcionario siendo removido por una moción de censura? Bueno, a juzgar por su protagonismo en los últimos meses, parece que ya lo hubieran hecho…

Todo parece muy auspicioso, pero para intentar una reforma integral del sistema al menos deberíamos cumplir cabalmente con este modelo híbrido que supimos conseguir.

¿Qué es la “gobernabilidad”?

Luego de la propuesta de adelantar las elecciones legislativas, finalmente confirmada por vía parlamentaria, el ex presidente en funciones (Nelson Castro dixit) Néstor Kirchner adujo motivos de preservar la gobernabilidad para justificar tal decisión. Ahora, su fiel escudero Daniel Scioli, quien parece decidido a aceptar su candidatura “testimonial” a legislador, dice estar preocupado por la misma gobernabilidad. Pero, ¿a qué aluden con esta gobernabilidad? Porque repasando un poco el concepto concluimos que se trata de la calidad de gobernable que posee un ente, en el caso nos interesa el ente “nación”. Entonces, ¿Por qué dejaría de ser gobernable nuestra nación? ¿Acaso lo es ahora? El motivo elegido ante la consulta es la crisis internacional. Fantástico. Aquella crisis que, según declaraciones recientes de la presidente, no nos iba a afectar en la medida que no haría falta un “plan B”, ahora vemos que no genera crisis de gobernabilidad en ningún país del mundo salvo en el nuestro.

El gobierno argentino se aparta evidentemente del concepto clásico, pudiéndose inferir que “gobernabilidad” es para ellos la posibilidad concreta de administrar la nación al estilo “K”, es decir, con un parlamento adicto, gobiernos de provincia adictos (cuando no sometidos) y la permanente consigna “nosotros o el caos”. No es necesario analizar mucho el tema para darse cuenta de que una derrota del oficialismo dejaría las cosas mucho peor que antes, al menos desde su propio punto de vista. Pero en la particular visión de Kirchner una derrota no está entre lo previsible. Ni siquiera ante evidentes cifras desfavorables lo estará, porque ya habrá un argumento para sostener que hubo una victoria donde en realidad no la hubo. Por eso tanto interés en capturar al electorado bonaerense, sobre todo del segundo cordón del conurbano, en apariencia zona cautiva del peronismo más ortodoxo y clientelar. Aunque el resto del país sea un desastre, un eventual triunfo en esa zona se presentará como la ratificación del rumbo, del “proyecto” (del cual nunca se supo en qué consiste, pero tampoco importa mucho siempre que se cante la “marchita” y se exhiban los íconos litúrgicos de rigor).

Una buena parte de la sociedad reclama una vuelta a las fuentes, a la Constitución en su máxima pureza, a la plena institucionalidad. La reivindicación póstuma del ex presidente Raúl Alfonsín tuvo ese significado. Hagamos votos para que no quede solamente en una buena intención.

Lo que faltaba: "Candidaturas testimoniales"

Parece que el gobierno nacional está embarcado en una estrategia inédita en el país (y habría que hurgar muchísimo para encontrar algo similar en el resto del mundo): el armado de listas encabezadas por candidatos que no asumirían su cargo, pero que apoyan el "proyecto" oficial. Además de constituir una auténtica burla a la voluntad ciudadana, ni siquiera podemos determinar con claridad cuál es ese "proyecto" que dicen, sería indispensable defender. En mi opinión, y ahora más que nunca, lo único que hay que defender (y para eso está el sufragio) es una forma ética de hacer política. Y además, combatir esa costumbre de votar en favor de personas determinadas y no de partidos o de ideas, cuando esas personas forman efectivamente parte de uno de esos partidos. La democracia auténtica no se construye con "iluminados" cuya personalidad está más allá de cualquier sistema o ideología. Se construye con ideas, con propuestas, con proyectos concretos enarbolados por estructuras colectivas que son los partidos políticos, elevados por el art.38 de la Constitución Federal al rango de instituciones fundamentales del sistema democrático. ¿Cómo se pudo llegar a semejante aberración? No me dan las encuestas...entonces echo mano a cualquier artilugio para que me den. Un buen mascarón de proa vale más que mil ideas. Los "nombres" de la política argentina. A partir de la aparición del peronismo, que vino a incorporar el culto a la personalidad, ya no hay más partidos, movimientos ni frentes, que pasaron a ser nombres huecos para adornar boletas electorales. Hay duhaldismo, menemismo, alfonsinismo, kirchnerismo y vaya uno a saber qué está por venir. A cargo del Poder Ejecutivo está una ciudadana que no ganó ninguna elección interna, que no debatió ideas con ningún otro candidato y que por toda propuesta de gobierno tenía dos o tres "eslogans" tan vacíos como "el cambio recién empieza" o "sabemos cómo hacerlo". Claro, para algunos votantes parece ser más útil al país el lucir carteras o zapatos carísimos que demostrar idoneidad para conducir el destino de una nación.

Muchos esperamos que estas "candidaturas testimoniales" sean solamente un delirio de alguien que no se resigna a ceder un centímetro de poder. De lo contrario, nuestra democracia saldrá gravemente dañada. Y es nuestra responsabilidad reflexionar, discutir y tomar decisiones correctas para enderezar el rumbo.

Presentación

Después de meditar durante algún tiempo, decidí preparar este sitio para dar a conocer algunas cuestiones que no siempre están al alcance de la población en general. Mucho se discute a diario sobre los problemas de nuestra sociedad, los hechos de violencia, la inseguridad y ciertas conductas de quienes detentan el poder que ponen en peligro la vigencia plena de nuestras instituciones. ¿Acaso el ciudadano común, aquel que no tiene instrucción cívica suficiente, está en condiciones de evaluar qué es lo más conveniente para el bien del país, y no solamente para un sector o grupo de interés? Mucho se ha luchado para reconquistar la democracia y la libertad. Pero la vida en estas condiciones exige esfuerzos cotidianos, tolerancia y respeto por las leyes y por aquellos que las conocen y son reconocidos por ello. Una situación de crisis prolongada suele ser caldo de cultivo para tentaciones autoritarias y la búsqueda del "hombre fuerte" que nos salve de todos los males. Los argentinos ya hemos vivido esas experiencias. Se trata de aprender de la historia para no repetir errores. Y comenzar a comprender mejor el valor del derecho como centinela de nuestra libertad, no como algo superfluo que, según algunos, no se sabe muy bien para qué sirve. Aún retumban en mis oídos aquellas insensatas palabras de Susana Giménez calificando a los derechos humanos como una "estupidez". Uno puede decir muchas cosas cuando el estado de emoción lo traiciona, pero hay una responsabilidad de aquellos que usan un micrófono con cierta frecuencia y, en algunos casos, son tomados como modelo a seguir. Una de las misiones que aqui me propongo es justamente ésta: llamar a la reflexión sobre algunas instituciones importantes para nuestra vida en sociedad y que muchas veces, por desconocimiento, desidia o directamente malicia, son maltratadas y puesta en tela de juicio su legitimidad o conveniencia.